#JusticiaParaGiovanniMelanieYAlexander

En las últimas semanas se han generado diversas manifestaciones de protesta social por el abuso policial y el uso excesivo de la fuerza de efectivos municipales y estatales. Existen tres nombres emblemáticos: Giovanni en Guadalajara, Melanie en Ciudad de México y Alexander en Oaxaca. ¿Qué tienen en común estos tres casos? ¿Cómo se manifiesta la conversación en redes? ¿Quién asume la responsabilidad de las acciones? ¿Cómo respondieron las autoridades?

La escucha en redes sociales nos permite construir una narrativa sobre los motivos de las protestas, la reacción de las autoridades y a quién se atribuye la responsabilidad de los hechos. Las protestas en los tres estados comparten algunos rasgos. En StreamicsLab analizamos qué conversa la gente acerca de estos temas.

En los tres casos la conversación hace eco de lo que sucede en Estados Unidos: la lucha contra el racismo y el abuso policial. Las manifestaciones en el vecino país del norte se distinguen tanto en las pintas y consignas de quienes protestan, como en comparativos en las redes de casos de discriminación en ambos países: algunos defienden la causa de Black lives matter, pero otros acusan la irresponsabilidad de no asumir que el color de la piel en México es sinónimo de rechazo, pues una de cada cinco personas reporta haber sido objeto de discriminación. [1]

En Guadalajara y la Ciudad de México grupos anarquistas se manifestaron de manera violenta y la huella que dejaron las protestas fue de destrucción. En Oaxaca han participado grupos de jóvenes encapuchados, pero no se ha reportado el mismo índice de violencia. El vandalismo de grupos que se denominan anarquistas ha generado que las protestas disminuyan su poder de convocatoria y que la conversación se traslade a la incapacidad de la policía de proteger la integridad y el patrimonio de las personas ante los grupos anarcos.

¿Quién asume la responsabilidad? En la conversación la culpa está dividida entre el presidente, el Ejecutivo estatal y las autoridades municipales. Esto refleja también que nadie asume la responsabilidad de los hechos. Por ejemplo, en el caso de Giovanni, la policía municipal de Ixtlahuacán fue la principal responsable, pero las acusaciones se dirigieron al gobernador Alfaro y él, a su vez, reclamó al presidente, primero, y después a miembros radicales de Morena.

En los tres casos, los hechos violentos se politizaron y la discusión se enmarcó entre simpatizantes del presidente y sus críticos. Juegan intereses políticos que aportan elementos para pensar que la radicalización de los movimientos beneficia a los opositores de quien detenta el gobierno y se puede utilizar para desestabilizar a quien está en el poder. Esto no se ha visto tanto en el caso de Oaxaca. Al final, el gobernador no ha actuado con un tono de confrontación con el presidente.

En los tres casos también observamos que la policía suele responder de manera torpe, a veces con uso excesivo de la fuerza y sin mucha organización. Esto exacerba las razones de las protestas. Al menos así fue en la Ciudad de México y Jalisco. Es un problema nacional la falta de capacitación de la policía, que además percibe salarios demasiado bajos y sus mecanismos de control son débiles. Además, en algunos casos la policía municipal está contaminada por intereses locales delictivos. No es de sorprender que en los tres casos la conversación dirija críticas a la actuación de la policía, ya sea por incapaz o por abusiva.

En los tres casos la conversación es en su mayoría orgánica y con una alta proporción de retuits. Quienes participan comentan los hechos o toman un bando y los jóvenes encapuchados pierden apoyo conforme aumenta el nivel de violencia que ejercen. Se enfrentan a policías que parecen no saber cómo contener actos violentos sin agredir a los manifestantes y los adversarios políticos aprovechan este caldo de cultivo para beneficiarse. 


[1] Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2017.

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