El pasado 29 de julio, un hecho histórico se iba a dar en la sesión de la sala remota de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); reformar el código penal para evitar la criminalización del aborto en el estado de Veracruz, sin embargo, el proyecto fue desechado con 4 votos en contra y uno a favor, pero ¿qué pasó realmente?

Las redes sociales estallaron, una guerra entre la comunidad provida y la feminista- proaborto dominaron la conversación. Los titulares de los medios de comunicación tradicionales anunciaban la sesión como un rotundo rechazo al proyecto. La comunidad provida daba una celebración donde alababan a los ministros por defenderlos y representarlos, por otro lado, la comunidad proaborto y feminista declaraba que ellas lucharían porque en el futuro fuera ley. La realidad es que el proyecto se rechazo no por el fondo del mismo, si no por la manera en la que se presentó, de acuerdo con el portal de noticias Expansión, la ministra Norma Lucía Piña Hernández expuso que la interrupción del embarazo en Veracruz sí “está regulada”, por lo que el concepto de “omisión legislativa” no está correctamente establecido “No me pronuncio en cuanto al fondo de la constitucionalidad de las normas; voy en contra del proyecto por el tratamiento que se le da”. Al Igual que ella los otros 3 ministros se pronunciaron en contra debido a la falla técnico judicial que presentaba la reforma. En resumen, la lucha no la perdió o ganó nadie, podría inferirse que solamente fue un retraso al análisis de la reforma burocrática o de protocolo, ¿será esto cierto?

La realidad es que el problema de la legalización del aborto tiene un trasfondo más grande. En nuestro país es legal la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en la CDMX y el estado de Oaxaca. En el resto del país está penalizado siempre y cuando no se compruebe que es a causa de una violación o que la vida de la madre corre peligro. Los pasos realizados para conseguir la despenalización han sido lentos pero seguros, no obstante, el camino ha sido duro y lleno de obstáculos, lo cual un rechazo a la reforma debido a una falla técnica, parece ser una falla más del sistema. En junio del 2019 en el foro de “Educación Sexual Integral: Experiencias Educativas” se expuso que son entre 750 mil y un millón al año de abortos clandestinos donde, por supuesto, la práctica afecta principalmente a mujeres de bajos recursos. De acuerdo con los datos del Observatorio de Muerte Materna en 2019, en 29 estados de la república no existe penalización del aborto si este se produjo de manera “imprudencial”, solo en 23 se permite si la madre está en peligro, solo 15 entidades cuando el riesgo es compartido (tanto para la madre como para el feto) y en 16 estados cuando el producto viene con complicaciones o alteraciones graves.

El aborto en México es la cuarta causa más común de muerte entre las mujeres. Dicho lo anterior, el tema se ha convertido en algo mas allá de postulados o ideales, mostrándose como un problema de salud pública grave. Mas allá del retraso a la ley por una falla técnica en el sistema, podemos observar que existe un problema de fondo, donde una situación de tal gravedad es tomada a la ligera a pesar de ser polémico y discutirse de manera masiva en el imaginario colectivo de las personas involucradas. Es notable que tenemos un problema en el sistema legislativo y jurídico de nuestro gobierno donde muchas veces se muestra lento e ineficiente, lo cual no ayuda en nada a la agilización del proceso, al igual que en algunos estados ni siquiera se discute la posibilidad de que suceda la despenalización.

Detrás del tiempo en el que se retrase las reformas de despenalización, existen muchas niñas obligadas a parir siendo menores de edad, a morir en procesos poco salubres de aborto y agrandar más el problema. En un análisis de la conversación realizado en StreamicsLab el tema que predominaba en la discusión eran críticas a la religión por imponer sus ideales e imposibilitar la concientización de la necesidad de despenalizar el aborto. Sí, México es un país sumamente religioso, pero este tema tendría que verse desde una postura de salud y prevención, protegiendo los derechos de la mujer dándoles la autonomía para decidir sobre sus propios cuerpos, dejando de interponer ideales políticos religiosos que sesgan la toma de decisión en los altos mandos. Mas allá del reciente acontecimiento si hay un problema de fondo en el tema, que va desde lo político social hasta los ideales religiosos del imaginario colectivo. ¿Será que algún día nuestros representantes y líderes se tomen más en serio el tema?