Actualmente, en México seguimos las recomendaciones de la Secretaría de Salud para enfrentar la pandemia del COVID-19. Estamos en la fase 2, lo que significa la suspensión de actividades productivas no esenciales y que quienes se puedan quedar en casa, lo hagan. Así, ha habido una reducción importante del número de personas y autos que circulan en las calles (de un 60% según publicación en redes del Secretario de Movilidad, Andrés Lajous). Esta situación de emergencia ocasiona que una buena proporción del personal de seguridad pública se enfoque a realizar actividades relacionadas con la epidemia. Entonces observamos las calles semi vacías y una percepción de que hay menos vigilancia. Estos dos factores pueden servir como incentivos para cometer actos delictivos.
Este es el contexto en el que empezaron a ocurrir intentos de robo y saqueo en tiendas mayoristas la última semana de marzo. Estos incidentes ocurrieron principalmente en grandes cadenas como Chedraui o Walmex (Walmart de México), en las entidades de Oaxaca, Puebla, Estado de México y la Ciudad del México. Según un informe de la consultora Lantia, del 23 al 26 de marzo se registraron 54 robos o intentos de robo, tres cuartas partes de ellos en el Valle de México. Todos estos incidentes (salvo un saqueo de alimentos en la Bodega Aurrerá de Tecámac) tenían un carácter pecuniario, es decir, la búsqueda de artículos para vender y generar ganancias económicas, como celulares, bocinas o televisores.
Se ha difundido que la mayoría de estos saqueos o robos se convocaron en redes sociales, como grupos de WhatsApp o páginas de Facebook. La idea era reunir a un grupo numeroso de personas y poder extraer fácilmente artículos de las tiendas ante la poca capacidad de respuesta de las tiendas. Es justamente la existencia de estos grupos en redes (sobre todo si los perfiles son públicos) que ha hecho posible la identificación de sus perfiles y usuarios y ha frustrado los incidentes delictivos.
En la Ciudad de México desde el 22 de marzo la atención en seguridad pública relacionada con la pandemia ha operado en dos vías: por una parte, la presencia de más de 6 mil efectivos en las calles de la ciudad, principalmente afuera de negocios, para disuadir a posibles delincuentes. Por otra parte, el patrullaje cibernético ha permitido identificar al menos 30 cuentas en redes sociales que convocan al saqueo y al robo. También en días pasados se identificó una cuenta falsa de la farmacéutica Bayer en la que se ofrecían 10 mil pesos para adquirir supuestas pruebas para detectar el COVID-19 o la alerta de la propaganda de suscripciones gratuitas a Netflix por el posible robo de datos personales.
El patrullaje cibernético ha dado resultados positivos. Desde que inició la contingencia la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha detenido a 109 personas asociados a denuncias por robos o intentos de robo.
Por otra parte, la presencia de la policía en las calles, afuera de negocios y tiendas, es notable y la percepción es que brindan seguridad.
Los resultados de esta doble estrategia de seguridad pública están por verse. Hay cierta evidencia empírica que señala que ante la disminución de movilidad se observa también una reducción en las actividades delictivas, como el robo a transeúntes. Sin embargo, esta situación podría modificarse si los saqueos cambian de objetivo y en lugar de una actividad pecuniaria reflejan una reacción al desabasto de productos básicos y la pérdida repentina de ingresos de un buen número de la población.
